(Fecha B.O.: 12-mar-2019)
VISTO: el Expediente N° EX-2018-68180684-APN-SECMA#JGM, las Leyes N° 25.506
y su modificatoria N° 27.446, los Decretos Nros. 2628 del 19 de diciembre de
2002 y sus modificatorios, 283 del 14 de febrero de 2003, 561 del 6 de abril de
2016, 1063 del 4 de octubre de 2016, 892 del 1° de noviembre de 2017, 801 del 5
de septiembre de 2018 y 802 del 5 de septiembre de 2018, y CONSIDERANDO:
Que la creación de un clima de confianza en el entorno digital es esencial
para el desarrollo económico y social, por lo que resulta conveniente reforzar
la confianza en las transacciones electrónicas en nuestro país, para lograr
interacciones electrónicas seguras entre los ciudadanos, las empresas y la
Administración Pública e incrementar, en consecuencia, la economía digital, la
prestación de servicios en línea públicos y privados y el comercio
electrónico.
Que la Ley N° 25.506 y su modificatoria reconoció la eficacia jurídica del
documento electrónico, la firma electrónica y la firma digital, complementando
las normas de derecho civil y comercial relativas a la firma, al documento, a su
condición de original y a la conservación documental, elementos esenciales para
otorgar seguridad a las transacciones electrónicas, promoviendo el comercio
electrónico seguro y la autenticación fehaciente de las personas que realizan
dichas transacciones en entornos virtuales.
Que la citada Ley N° 25.506 y su modificatoria instituyó la Infraestructura
de Firma Digital con alcance federal, abarcando todo el territorio nacional,
estableciendo las facultades y obligaciones de sus componentes: la Autoridad de
Aplicación, el Ente Licenciante, el Ente Auditante, los certificadores
licenciados y los titulares de certificados digitales.
Que, asimismo, la sanción de la Ley N° 25.506 otorgó un decisivo impulso
para la progresiva despapelización del Estado, contribuyendo a mejorar su
gestión, facilitar el acceso de la comunidad a la información pública y
posibilitar la realización de trámites por Internet en forma segura.
Que, en tal sentido, y siendo la materia administrativa de carácter local,
la Ley N° 25.506 y su modificatoria estableció en sus artículos 47 y 48 el uso
obligatorio de la firma digital para las transacciones de la Administración
Pública Nacional, e invitó a las provincias a adherir en cuanto a su uso.
Que los avances tecnológicos producidos desde el año 2001, año de sanción
de la Ley N° 25.506, así como la experiencia de implementación de la
Infraestructura de Firma Digital, hizo necesario actualizar y adecuar su
contenido.
Que, por ende, la Ley N° 27.446, amplió el alcance de la mencionada Ley N°
25.506, suprimiendo las exclusiones contempladas en el artículo 4°, y asignando
a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN el rol de Organismo Auditante de la
Infraestructura de Firma Digital, entre otras modificaciones.
Que la Ley N° 27.446 estableció que los documentos oficiales electrónicos
firmados digitalmente, los expedientes electrónicos, las comunicaciones
oficiales, las notificaciones electrónicas y el domicilio especial constituido
electrónico de la Plataforma de Trámites a Distancia y de los Sistemas de
Gestión Documental Electrónica que utiliza el Sector Público Nacional, las
provincias, el Gobierno de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, municipios,
Poderes Judiciales, entes públicos no estatales, Sociedades del Estado, entes
tripartitos, entes binacionales, BANCO CENTRAL de la REPÚBLICA ARGENTINA, en
procedimientos administrativos y procesos judiciales, tienen para el Sector
Público Nacional idéntica eficacia y valor probatorio que sus equivalentes en
soporte papel o cualquier otro soporte que se utilice a la fecha de entrada en
vigencia de la presente medida, debido a su interoperabilidad que produce su
reconocimiento automático en los Sistemas de Gestión Documental Electrónica, por
lo que no se requerirá su legalización.
Que, en consecuencia, el Decreto N° 2628/02 reglamentario de la Ley N°
25.506, requiere ser actualizado en función de las modificaciones y
disposiciones de la Ley N° 27.446.
Que el Decreto N° 283/03 autorizó con carácter transitorio y hasta tanto no
estuviese implementada la Infraestructura de Firma Digital, a la entonces
OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS dependiente de la ex SUBSECRETARÍA
DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a proveer
certificados digitales en el ámbito de la Administración Pública Nacional.
Que el Decreto N° 724/06 modificó el Decreto N° 2628/02 reglamentario de la
Ley N° 25.506.
Que, por otra parte, el Decreto N° 561/16 le asignó al entonces MINISTERIO
DE MODERNIZACIÓN, en su carácter de Autoridad de Aplicación de la
Infraestructura de Firma Digital de la REPÚBLICA ARGENTINA, y a la SECRETARÍA DE
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS distintas funciones contempladas en el Decreto
N° 2628/02 reglamentario de la Ley N° 25.506 de Firma Digital.
Que el Decreto N° 1063/16 modificó el Decreto N° 2628/02 incluyendo
disposiciones respecto de las autoridades de registro, aprobó el uso de la
Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) del Sistema de Gestión Documental
Electrónica – GDE como sede virtual de la Administración Pública Nacional y
estableció el uso de la firma digital en el Sistema de Gestión Documental
Electrónica – GDE.
Que el Decreto N° 892/17 creó la Plataforma de Firma Digital Remota, en el
ámbito del entonces MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, por lo que corresponde incluir
a la firma digital remota como una de las firmas digitales admitidas en el
Sistema de Gestión Documental Electrónica – GDE, modificando en consecuencia el
artículo 13 del Decreto N° 1063/16.
Que, por lo expuesto, resulta necesario adecuar la reglamentación de la Ley
N° 25.506 y su modificatoria N° 27.446, actualizando su contenido a la luz de
los avances tecnológicos y de la experiencia de implementación de la
Infraestructura de Firma Digital, derogando los Decretos Nros. 2628/02, 283/03 y
724/06, así como los artículos 8°, 9° y 10 del Decreto N° 561/16.
Que por el Decreto N° 801/18 se sustituyó el artículo 8º del Título II de
la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus
modificatorias, indicándose que cada Ministerio podrá proponer al PODER
EJECUTIVO NACIONAL la creación, entre otras, de las Secretarías de Gobierno,
cuyas funciones serán determinadas por decreto, suprimiéndose el artículo 23
octies.
Que, en este contexto, mediante el Decreto N° 802/18 se creó, entre otros,
el cargo de Secretario de Gobierno de Modernización, el cual actúa como Vicejefe
de Gabinete atribuyéndole las competencias del entonces MINISTERIO DE
MODERNIZACIÓN.
Que ha tomado intervención la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE
MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Que la presente medida se dicta en virtud de las previsiones contenidas en
el artículo 99, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y el artículo 49 de la
Ley N° 25.506 y su modificatoria.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la reglamentación de la Ley N° 25.506 de Firma
Digital, que como Anexo IF-2019-13755383-APN-SECMA#JGM, forma parte integrante
del presente decreto.
ARTÍCULO 2°.- Interoperabilidad documental. La interoperabilidad documental
prevista en el artículo 7° de la Ley N° 27.446 se instrumentará mediante el
módulo Interoperabilidad (IOP) del sistema de Gestión Documental Electrónica –
GDE administrado por la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA de la
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS.
ARTÍCULO 3°.- Poderes. Cuando una norma requiera la formalidad de escritura
pública para otorgar poderes generales o particulares, para diligenciar
actuaciones, interponer recursos administrativos, realizar trámites, formular
peticiones o solicitar inscripciones, dicho requisito se considera satisfecho
mediante el apoderamiento realizado por el interesado en la plataforma de
Trámites a Distancia (TAD) del sistema de Gestión Documental Electrónica – GDE,
salvo disposición legal en contrario.
ARTÍCULO 4°.- Sustitúyese el artículo 13 del Decreto N° 1063 del 4 de
octubre de 2016, por el siguiente:
“ARTÍCULO 13.- Firmas digitales del Sistema de Gestión Documental
Electrónica (GDE). El Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) permite la
firma digital de los documentos electrónicos con las siguientes
modalidades:
a) Firma digital remota: se utiliza para para firmar digitalmente todo tipo
de documento electrónico incluyendo actos administrativos.
b) Firma digital con dispositivo criptográfico externo: se utiliza para
firmar digitalmente todo tipo de documento electrónico incluyendo actos
administrativos.
c) Firma digital con certificado del sistema: se utiliza para firmar
documentos electrónicos, excepto actos administrativos, como dictámenes,
informes, comunicaciones oficiales, etc.
Estas firmas digitales gozan de plena validez en virtud de lo dispuesto en
el artículo 9° de la Ley N° 25.506 y su modificatoria, asegurando
indubitablemente la autoría e integridad del documento electrónico firmado
digitalmente.”
ARTÍCULO 5°.- Derogaciones. Deróganse los Decretos Nros. 2628/02, 283/03 y
724/06 y los artículos 8°, 9° y 10 del Decreto N° 561/2016.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL y archívese. MACRI – Marcos Peña
ANEXO
CAPÍTULO I - CONSIDERACIONES GENERALES
ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente reglamentación regula el empleo del
documento electrónico, de la firma electrónica y de la firma digital y su eficacia
jurídica en el marco de la Infraestructura de Firma Digital establecida por la Ley N°
25.506 y su modificatoria.
ARTÍCULO 2°.- Certificación de firmas. La firma digital de un documento
electrónico satisface el requisito de certificación de firma establecido para la firma
ológrafa.
ARTÍCULO 3°.- Conservación. La exigencia legal de conservar
documentos, registros o datos, conforme a la legislación vigente en la materia, queda
satisfecha con la conservación de los correspondientes documentos digitales
firmados digitalmente. Los documentos, registros o datos electrónicos, deberán
ser almacenados por los intervinientes o por prestadores de servicios de
confianza aceptados por los intervinientes, durante los plazos establecidos en las
normas
específicas.
La conservación de documentos, registros o datos en formato electrónico
deberá garantizar su integridad, accesibilidad y disponibilidad.
CAPÍTULO II - DE LA INFRAESTRUCTURA DE FIRMA DIGITAL
ARTÍCULO 4°.- Componen la Infraestructura de Firma Digital:
1. La Autoridad Certificante Raíz de la REPÚBLICA ARGENTINA.
2. El Ente Licenciante conformado por la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA dependiente de la
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
3. Los certificadores licenciados, incluyendo sus autoridades certificantes
y sus autoridades de registro, según los servicios que presten.
4. Las autoridades de sello de tiempo.
5. Los suscriptores de los certificados.
6. Los terceros usuarios.
7. Los certificadores reconocidos por la Autoridad de Aplicación.
8. El Organismo Auditante establecido en el artículo 34 de la Ley N° 25.506
y su modificatoria.
9. Los prestadores de servicios de confianza.
ARTÍCULO 5°.- Autoridad Certificante Raíz. La Autoridad Certificante Raíz
es la Autoridad Certificante administrada por la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. Constituye la única instalación de
su tipo y reviste la mayor jerarquía de la Infraestructura de Firma Digital
establecida por la Ley N° 25.506 y su modificatoria. Emite certificados digitales a las
Autoridades Certificantes de los certificadores licenciados, una vez aprobados los
requisitos de licenciamiento.
ARTÍCULO 6°.- Sistema de Auditoría. El Organismo Auditante realizará
las siguientes auditorías:
1) Auditoría de inicio: como requisito para el otorgamiento de la
licencia.
2) Auditoría de renovación: como requisito para la renovación de la
licencia.
3) Auditorías periódicas anuales: a solicitud del Ente Licenciante.
4) Auditorías extraordinarias: a solicitud del Ente Licenciante.
Las auditorías podrán recaer en los certificadores que solicitan licencia,
en los certificadores licenciados y en las autoridades de registro. El Ente
Licenciante determinará la periodicidad de las auditorías.
ARTÍCULO 7°.- Informe de auditoría. El informe de auditoría evaluará los
sistemas utilizados por el certificador de acuerdo con los requerimientos de la Ley
N° 25.506 y su modificatoria, el presente Decreto y las normas complementarias. El
Organismo Auditante, previa consulta con el Ente Licenciante, determinará los
objetivos de control.
ARTÍCULO 8°.- Deber de confidencialidad. Las personas que integran las
entidades que componen la Infraestructura de Firma Digital establecida por la Ley N°
25.506 y su modificatoria, están obligadas a mantener la confidencialidad sobre la
información que no sea pública. Dicha obligación subsistirá aun cuando se hayan
desvinculado de la entidad o la entidad deje de ser parte de la Infraestructura de Firma
Digital establecida por la Ley N° 25.506 y su modificatoria.
ARTÍCULO 9°.- Certificados Digitales. Los Certificados Digitales
contemplados en el artículo 13 de la Ley N° 25.506 y su modificatoria son aquellos emitidos
por un certificador licenciado y cuya utilización permite disponer de una firma
digital amparada por las presunciones de autoría e integridad establecidas en los
artículos 7° y 8° de la Ley N° 25.506 y su modificatoria. Son personales e
interoperables.
ARTÍCULO 10.- Validez de los certificados digitales emitidos por
certificadores no licenciados. Los certificados digitales emitidos por certificadores no
licenciados serán válidos para producir los efectos jurídicos que la Ley otorga a la firma
electrónica.
ARTÍCULO 11.- Revocación de certificados. Se deberán revocar los
certificados digitales emitidos en los siguientes casos:
1) A solicitud del titular del certificado digital.
2) Si se determina que un certificado digital fue emitido en base a una
información falsa que en el momento de la emisión hubiera sido objeto de
verificación.
3) Si se determina que los procedimientos de emisión y/o verificación han
dejado de ser seguro
4) Por condiciones especiales definidas en las Políticas de
Certificación.
5) Por Resolución Judicial o de la Autoridad de Aplicación debidamente
fundada.
6) Por fallecimiento del titular.
7) Por declaración judicial de ausencia con presunción de fallecimiento del
titular.
8) Por declaración judicial de incapacidad del titular.
9) Si se determina que la información contenida en el certificado ha dejado
de ser
válida.
ARTÍCULO 12.- Obtención de la licencia. Para obtener una licencia, los
proveedores de servicios de certificación deberán particularizar las actividades para
las cuales requieren la licencia y acreditar por los medios que determine el Ente
Licenciante:
1) Documentación que demuestre:
1.1 En el caso de personas jurídicas, su personería.
1.2 En el caso de registro público de contratos, tal condición.
1.3 En el caso de organización pública, la autorización de su máxima
autoridad para iniciar el proceso de licenciamiento.
2) El cumplimiento de las condiciones establecidas en la Ley, este decreto
y las normas complementarias.
3) La política única de certificación que respalda la emisión de sus
certificados, el Manual de Procedimientos, el Plan de Seguridad, el Plan de Cese de
Actividades y el Plan de Contingencia satisfactorios, de acuerdo con las normas
reglamentarias.
4) Los seguros de caución en caso de corresponder.
5) Toda aquella información o requerimiento que demande el Ente
Licenciante.
ARTÍCULO 13.- Efectos del licenciamiento. El otorgamiento de la licencia no
implica que el Ente Licenciante, el Organismo Auditante o cualquier organismo del
Estado garanticen la provisión de los servicios de certificación o los productos
provistos por el Certificador Licenciado.
ARTÍCULO 14.- Duración de la licencia. Las licencias tendrán un plazo de
duración de CINCO (5) años y podrán ser renovadas, previa auditoría que acredite
el cumplimiento de la normativa vigente y de las condiciones técnicas y
de procedimientos comprometidas al momento del licenciamiento.
Los certificadores licenciados deberán efectuar anualmente una declaración
jurada en la cual conste el cumplimiento de las normas establecidas en la Ley N°
25.506 y su modificatoria, en el presente Decreto y en las normas complementarias,
así como los procedimientos detallados en los documentos de licenciamiento.
Los certificadores licenciados serán sometidos a auditorías periódicas
anuales de
acuerdo a las pautas que determine el Ente Licenciante.
ARTÍCULO 15.- Causales de caducidad de la licencia. El Ente Licenciante
podrá disponer de oficio, y en forma preventiva, la caducidad de la licencia en
los
siguientes casos:
1) Falta de presentación de la declaración jurada anual.
2) Falsedad de los datos contenidos en la declaración jurada anual.
3) Dictamen desfavorable de auditoría basado en causales graves.
4) Informe de la inspección dispuesta por el Ente Licenciante desfavorable
basado en causales graves.
5) Cuando el certificador licenciado no permita la realización de
auditorías o inspecciones dispuestas por el Ente Licenciante.
ARTÍCULO 16.- Reconocimiento de certificados extranjeros. Facúltase a
la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a elaborar y firmar acuerdos de reciprocidad
con gobiernos de países extranjeros, a fin de otorgar validez, en sus
respectivos territorios, a los certificados digitales emitidos por certificadores de
ambos países, en tanto se verifique el cumplimiento de las condiciones establecidas por la
Ley N° 25.506, su modificatoria y su reglamentación para los certificados emitidos
por certificadores nacionales.
El Ente Licenciante establecerá los procedimientos y demás condiciones para
el reconocimiento de certificados emitidos por certificadores de otros
países.
ARTÍCULO 17.- Política Única de Certificación. La SECRETARÍA DE
GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS establecerá la Política Única de Certificación de acuerdo con los
estándares
nacionales e internacionales vigentes, la que será de cumplimiento
obligatorio para todos los certificadores licenciados que integran la Infraestructura de
Firma Digital
establecida por la Ley N° 25.506 y su modificatoria.
La Política Única de Certificación deberá contener al menos la siguiente
información:
1) Identificación del certificador licenciado.
2) Política de administración de los certificados y detalles de los
servicios arancelados.
3) Obligaciones de la entidad y de los suscriptores de los
certificados.
4) Tratamiento de la información suministrada por los suscriptores, y
resguardo de la confidencialidad en su caso.
5) Garantías que ofrece para el cumplimiento de las obligaciones que se
deriven de sus actividades.
ARTÍCULO 18.- Responsabilidad de los certificadores licenciados. En ningún
caso, la responsabilidad que pueda emanar de una certificación efectuada por
un certificador licenciado, público o privado, comprometerá la
responsabilidad pecuniaria del Estado en su calidad de Ente Licenciante de la
Infraestructura de Firma Digital establecida por la Ley N° 25.506 y su modificatoria.
ARTÍCULO 19.- Recursos de los certificadores licenciados. Para el
desarrollo adecuado de las actividades de certificación, el certificador deberá
acreditar que cuenta con un equipo de profesionales, infraestructura física, tecnológica
y recursos financieros, como así también procedimientos y sistemas de seguridad
que permitan:
1) Generar en un ambiente seguro las firmas digitales propias y todos los
servicios
para los cuales solicite licencia.
2) Cumplir con lo previsto en sus políticas y procedimientos de
certificación.
3) Garantizar la confiabilidad de los sistemas de acuerdo con los
estándares
aprobados por el Ente Licenciante.
4) Expedir certificados que cumplan con:
4.1 Lo previsto en los artículos 13 y 14 de la Ley N° 25.506 y su
modificatoria.
4.2 Los estándares tecnológicos aprobados por el Ente Licenciante.
5) Garantizar la existencia de sistemas de seguridad física y lógica que
cumplan con
las normativas vigentes.
6) Proteger el manejo de la clave privada de la entidad mediante un
procedimiento
de seguridad que impida el acceso a la misma a personal no
autorizado.
7) Registrar las transacciones realizadas, a fin de identificar el autor y
el momento de cada una de las operaciones.
8) Utilizar con exclusividad los sistemas que cumplan las funciones de
certificación con ese propósito, sin que se les asigne ninguna otra función.
9) Proteger a todos los sistemas utilizados directa o indirectamente en la
función de certificación con procedimientos de autenticación y seguridad de alto nivel
de
protección, que deban ser actualizados de acuerdo a los avances
tecnológicos para garantizar la correcta prestación de los servicios de certificación.
10) Garantizar la continuidad de las operaciones mediante un Plan de
Contingencia actualizado y aprobado.
11) Disponer de los recursos financieros adecuados al tipo de actividad
de certificación que desarrolla, acorde con los niveles de responsabilidad
derivados de la misma.
ARTÍCULO 20.- Servicios de Terceros. En los casos en que el certificador
licenciado requiera o utilice los servicios de infraestructura tecnológicos prestados
por un tercero, deberá prever dentro de su Plan de Contingencia los procedimientos
a seguir en caso de interrupción de estos servicios, de modo tal que permita
continuar prestando sus servicios de certificación sin ningún perjuicio para los
suscriptores.
Los contratos entre el certificador licenciado y los proveedores de
servicios o infraestructura deberán garantizar la ejecución de los procedimientos
contemplados en el Plan de Cese de Actividades aprobado por el Ente Licenciante. El
certificador licenciado o en proceso de licenciamiento deberá facilitar al Ente
Licenciante toda aquella información obrante en los contratos vinculada a la prestación de
servicios de certificación y a la implementación del Plan de Cese de Actividades y el
Plan de Contingencia.
Serán objeto de auditoría e inspección también aquellos servicios o
infraestructura contratados a terceros, incluyendo los sistemas y medidas de seguridad
del prestador contratado.
ARTÍCULO 21.- Obligaciones del certificador licenciado. Además de lo
previsto en el artículo 21 de la Ley N° 25.506 y su modificatoria, los certificadores
licenciados
deberán:
1. Estar domiciliados en la REPÚBLICA ARGENTINA, considerándose que cumplen con este requisito, cuando el establecimiento en el cual
desempeñan su actividad en forma permanente, habitual o continuada y sus infraestructuras se encuentren situados en el territorio argentino.
2. Comprobar, por sí o por medio de una Autoridad de Registro que actúe
en nombre y por cuenta suya, la identidad y cualquier otro dato de los
solicitantes considerado relevante para los procedimientos de verificación de
identidad previos a la emisión del certificado digital, según la Política Única
de
Certificación. La verificación de los datos de identidad debe hacerse
de manera presencial, mediante los datos biométricos que determine la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA dependiente de la
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
3. Abstenerse de generar, exigir, tomar conocimiento o acceder bajo
ninguna circunstancia a la clave privada del suscriptor.
4. Mantener a disposición permanente del público su Política Única de Certificación y el Manual de Procedimientos correspondiente.
5. Cumplir cabalmente con la Política Única de Certificación acordada con
el titular y con su Manual de Procedimientos.
6. Garantizar la prestación establecida según los niveles definidos en el
acuerdo de servicios pactados con sus usuarios, relativo a los servicios para los
cuales solicitó el licenciamiento.
7. Informar al solicitante de un certificado digital, en un lenguaje claro
y accesible, en idioma nacional, respecto de las características del
certificado solicitado, las limitaciones a la responsabilidad, si las hubiere, los
precios de los servicios de certificación, uso, administración y otros
asociados, incluyendo cargos adicionales y formas de pago, los niveles de servicio
a proveer, las obligaciones que el suscriptor asume como usuario del
servicio de certificación, su domicilio en la REPÚBLICA ARGENTINA y los medios
a
los que el suscriptor puede acudir para solicitar aclaraciones, dar cuenta
del mal funcionamiento del sistema o presentar sus reclamos.
8. Disponer de un servicio de atención a titulares y terceros, que
permita evacuar las consultas y la pronta solicitud de revocación de
certificados.
9. Garantizar el acceso permanente, eficiente y gratuito de los titulares
y terceros al repositorio de certificados revocados.
10.Mantener actualizados los repositorios de certificados revocados por
el período establecido por el Ente Licenciante.
11.Informar al Ente Licenciante de modo inmediato la ocurrencia de
cualquier evento que comprometa la correcta prestación del servicio.
12.Respetar el derecho del titular del certificado digital a no recibir
publicidad de ningún tipo por su intermedio, salvo consentimiento expreso de éste.
13.Publicar en el Boletín Oficial durante UN (1) día, su certificado de
clave pública emitido por la Autoridad Certificante Raíz de la REPÚBLICA ARGENTINA, correspondiente a la Política Única de Certificación para la
cual obtuvo licenciamiento.
14.Cumplir las normas y recaudos establecidos para la protección de
datos personales.
15.En los casos de revocación de certificados contemplados en el apartado 3
del inciso e) del artículo 19 de la Ley N° 25.506 y su modificatoria,
deberá sustituir en forma gratuita aquel certificado digital que ha dejado de ser
seguro por otro que sí cumpla con estos requisitos.
El Ente Licenciante deberá establecer el proceso de reemplazo de certificados en estos casos. En los casos en los que un certificado digital
haya dejado de ser seguro por razones atribuibles a su titular, el
certificador licenciado no estará obligado a sustituir el certificado digital.
16.Enviar periódicamente al Ente Licenciante informes de estado de
operaciones con carácter de declaración jurada.
17.Contar con personal idóneo y confiable, con antecedentes
profesionales acordes a la función desempeñada.
18.Responder a los pedidos de informes por parte de un tercero respecto de
la validez y alcance de un certificado digital emitido por él.
CAPÍTULO III - DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN Y DEL ENTE LICENCIANTE
ARTÍCULO 22.- Funciones. La SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS tendrá las siguientes funciones:
1) Establecer las condiciones y procedimientos para el otorgamiento y revocación de las licencias.
2) Fijar el procedimiento de instrucción sumarial y la gradación de
sanciones previstas en la Ley N° 25.506 y su modificatoria, en virtud de reincidencia
y/u oportunidad.
3) Otorgar las licencias habilitantes para acreditar a los certificadores
en las condiciones que fijen el presente Decreto y las normas
reglamentarias, modificatorias o de aplicación que se dicten en el futuro.
4) Revocar las licencias otorgadas a los Certificadores Licenciados que
dejen de cumplir con los requisitos establecidos para su licenciamiento.
5) Disponer la instrucción sumarial, la aplicación de sanciones e
inhabilitar en forma temporal o permanente a todo Certificador Licenciado que no respetare
o incumpliere los requerimientos y disposiciones de la Ley N° 25.506 y
su modificatoria, el presente Decreto y las normas complementarias.
ARTÍCULO 23.- Regulaciones técnicas. La SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS tendrá las siguientes funciones:
1) Establecer los estándares tecnológicos y de seguridad aplicables en
consonancia con estándares internacionales.
2) Determinar los procedimientos de firma y verificación en consonancia con
los estándares tecnológicos definidos conforme el inciso precedente.
3) Fijar las condiciones mínimas de emisión de certificados
digitales.
4) Establecer los casos en los cuales deben revocarse los certificados
digitales.
5) Determinar los datos considerados públicos contenidos en los
certificados digitales.
6) Establecer los mecanismos que garantizarán la validez y autoría de las
listas de certificados revocados.
7) Indicar la información que los certificadores licenciados deberán
publicar por internet.
8) Indicar la información que los certificadores licenciados deberán
publicar en el Boletín Oficial.
9) Determinar los procedimientos mínimos de revocación de certificados
digitales, cualquiera que sea la fuente de emisión, y los procedimientos mínimos
de conservación de la documentación de respaldo de la operatoria de los
certificadores licenciados, en el caso que éstos cesen su actividad.
10) Fijar las modalidades de difusión de los informes de auditoría.
11) Establecer las normas y procedimientos para la homologación de los
dispositivos de creación y verificación de firmas digitales.
12) Estipular los procedimientos aplicables para el reconocimiento de
certificados extranjeros.
13) Determinar las condiciones de aplicación de la Ley N° 25.506 y su
modificatoria en el Sector Público Nacional.
14) Fijar los contenidos mínimos de las políticas de certificación de
acuerdo con los estándares nacionales e internacionales y las condiciones mínimas que
deberán cumplirse en el caso de cese de actividades de un certificador
licenciado.
15) Fijar los niveles de licenciamiento.
16) Exigir las garantías y seguros necesarios para prestar el servicio
previsto.
17) Determinar las condiciones de prestación de otros servicios de
confianza en relación con la firma digital y otros temas cubiertos en la Ley N° 25.506 y
su modificatoria.
18) Establecer la regulación exclusiva y excluyente del uso de la firma
digital en sistemas y aplicaciones, así como su homologación.
19) Estipular la regulación de la hora oficial en entornos
electrónicos.
20) Determinar las normas y los procedimientos técnicos para la
generación, comunicación, archivo y conservación del documento digital o electrónico,
según lo previsto en los artículos 11 y 12 de la Ley N° 25.506 y su
modificatoria.
21) Administrar la Autoridad Certificante Raíz de la REPÚBLICA
ARGENTINA.
22) Fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias en lo
referente a la actividad de los Certificadores Licenciados.
23) Denegar las solicitudes de licencia a los prestadores de servicios de
certificación que no cumplan con los requisitos establecidos para su
licenciamiento.
24) Aprobar las políticas de certificación, el manual de procedimiento, el
plan de seguridad, el plan de cese de actividades y el plan de contingencia,
presentados por los certificadores solicitantes de la licencia o licenciados.
25) Solicitar los informes de auditoría en los casos que
correspondiere.
26) Realizar inspecciones a los Certificadores Licenciados por sí o por
terceros.
27) Homologar los dispositivos de creación y verificación de firmas
digitales así como las aplicaciones o sistemas informáticos que utilicen firmas
digitales.
28) Publicar en Internet o en la red de acceso público de transmisión o
difusión de datos que la sustituya en el futuro, en forma permanente e ininterrumpida
los datos de contacto y certificados digitales de:
28.1 los Certificadores Licenciados,
28.2 los Certificadores cuyas licencias han sido revocadas,
28.3 la Autoridad Certificante Raíz de la REPÚBLICA ARGENTINA,
28.4 el Ente Licenciante.
29) Fijar el concepto y los importes de todo tipo de aranceles, multas y
montos de los seguros de caución previstos en la Ley N° 25.506 y su modificatoria y
en la presente reglamentación.
30) Solicitar la ampliación o aclaración sobre la documentación presentada
por el certificador.
31) Dictar las normas tendientes a asegurar el régimen de libre
competencia, equilibrio de participación en el mercado de los prestadores y protección
de los usuarios.
32) Recibir, evaluar y resolver los reclamos de los usuarios de
certificados digitales relativos a la prestación del servicio por parte de certificadores
licenciados.
33) Supervisar la ejecución del plan de cese de actividades de los
Certificadores Licenciados que discontinúan sus funciones;
34) Registrar las presentaciones que le sean formuladas, así como el
trámite conferido a cada una de ellas.
35) Supervisar la ejecución de planes de contingencia de los
Certificadores Licenciados.
36) Efectuar las tareas de control del cumplimiento de las
recomendaciones formuladas por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN para determinar si
se han tomado las acciones correctivas correspondientes.
37) Renovar las licencias a los Certificadores Licenciados, en el marco de
la Infraestructura de Firma Digital de la REPÚBLICA ARGENTINA.
38) Determinar los recursos tecnológicos que deberán disponer las
Autoridades de Registro.
ARTÍCULO 24.- Obligaciones de la Autoridad Certificante Raíz de la
REPÚBLICA ARGENTINA. En su calidad de titular de certificado digital, la Autoridad
Certificante Raíz de la REPÚBLICA ARGENTINA tiene las mismas obligaciones que los
titulares de certificados y que los Certificadores Licenciados. Debe permitir el
acceso público
permanente a la nómina actualizada de Certificadores Licenciados con los
datos correspondientes.
ARTÍCULO 25.- Aranceles y multas. La SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS fijará los montos de:
1) Aranceles de licenciamiento, renovación de la licencia, presentación de
nuevas
versiones de las políticas, certificaciones y otros trámites de
certificadores y
prestadores de servicios de confianza.
2) Aranceles de auditorías, inspecciones y gastos conexos.
3) Aranceles que se abonen por la provisión de los siguientes servicios
de
certificadores del sector público:
3.1. Servicios de certificación digital,
3.2. Servicios de certificación digital de fecha y hora,
3.3. Servicios de almacenamiento seguro de documentos electrónicos,
3.4. Servicios prestados por autoridades de registro,
3.5. Servicios prestados por terceras partes confiables,
3.6. Servicios de certificación de documentos electrónicos firmados digitalmente,
3.7. Otros servicios o actividades relacionados a la firma digital.
4) Aranceles de homologación de dispositivos de creación y verificación de
firmas digitales.
5) Aranceles de homologación de aplicaciones o sistemas informáticos que
utilizan firma digital.
6) Aranceles de uso de la Plataforma de Firma Digital Remota.
7) Aranceles aplicables a prestadores de servicios de confianza.
8) Montos mínimos de los seguros de caución.
9) Montos de multas.
ARTÍCULO 26.- Aranceles. Las entidades y jurisdicciones que integran el
Sector Público están exentas del pago de aranceles de licenciamiento.
CAPÍTULO IV - DE LAS AUTORIDADES DE REGISTRO
ARTÍCULO 27.- Autoridades de Registro. Los certificadores licenciados
podrán delegar en Autoridades de Registro las funciones de validación de identidad
y otros datos de los suscriptores de certificados y de registro de las
presentaciones y trámites que les sean formuladas, bajo la responsabilidad del
Certificador Licenciado, cumpliendo las normas y procedimientos establecidos por la
presente
reglamentación.
La presencia física del solicitante ante el Certificador Licenciado o sus
autoridades de registro será condición ineludible para el cumplimiento de los trámites
necesarios para la emisión del correspondiente certificado digital.
ARTÍCULO 28.- Funciones de las Autoridades de Registro. Las Autoridades
de Registro son responsables de las siguientes funciones:
1) La recepción de las solicitudes de emisión de certificados.
2) La validación de la identidad y autenticación de los datos de los
titulares de
certificados.
3) La validación de otros datos de los titulares de certificados que se
presenten ante
ella cuya verificación delegue el Certificador Licenciado.
4) La remisión de las solicitudes aprobadas al Certificador Licenciado con
la que se encuentre operativamente vinculada.
5) La recepción y validación de las solicitudes de revocación de
certificados; y su direccionamiento al Certificador Licenciado con el que se vinculen.
6) La identificación y autenticación de los solicitantes de revocación de
certificados.
7) El archivo y la conservación de toda la documentación respaldatoria del
proceso
de validación de identidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos
por el certificador licenciado.
8) El cumplimiento de las normas y recaudos establecidos para la protección
de datos personales.
9) El cumplimiento de las disposiciones que establezca la Política Única
de
Certificación y el Manual de Procedimientos del Certificador Licenciado con
el que se encuentre vinculada, en la parte que resulte aplicable.
ARTÍCULO 29.- Roles en las Autoridades de Registro. Las Autoridades de
Registro deberán contar con personal idóneo para el cumplimiento de los siguientes
roles:
1) Responsable de la Autoridad de Registro: ejercerá el nexo formal
de comunicación entre el Responsable de la Autoridad Certificante y la
Autoridad de Registro.
2) Oficial de Registro: será el responsable de ejecutar la operatoria
principal de la Autoridad de Registro y de cumplir con las obligaciones, funciones y
recaudos de seguridad que el Certificador Licenciado le delega.
3) Responsable de Soporte Técnico de Firma Digital: brindará soporte
técnico y capacitación sobre las disposiciones de la Política Única de Certificación
del Certificador Licenciado.
ARTÍCULO 30.- Cooperación entre Autoridades de Registro. Las Autoridades
de Registro vinculadas a un mismo Certificador Licenciado deben operar cooperativamente, de acuerdo con las pautas que determine la SECRETARÍA
DE
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. La SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA podrá autorizar una
excepción a solicitud fundada del Certificador Licenciado. Los titulares
de certificados podrán solicitar la revocación de su certificado en cualquiera
de las Autoridades de Registro del Certificador Licenciado emisor.
ARTÍCULO 31.- Modalidades de las Autoridades de Registro. Las Autoridades
de Registro podrán operar en modalidad fija o móvil. Deberán constituir un
domicilio y podrán establecer tantas sedes como sea necesario, en la medida que cumplan
con los procedimientos y requisitos que fije la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS para su autorización.
ARTÍCULO 32.- Responsabilidad del Certificador Licenciado respecto de
la Autoridad de Registro. El Certificador Licenciado es responsable con los
alcances establecidos en la Ley N° 25.506 y su modificatoria, aún en el caso de que
delegue parte de su operatoria en Autoridades de Registro, sin perjuicio del
derecho del certificador de reclamar a la Autoridad de Registro las indemnizaciones por
los daños y perjuicios que aquél sufriera como consecuencia de los actos y/u
omisiones de ésta.
ARTÍCULO 33.- Autoridades de Registro de Certificadores Licenciados del
sector público. Los Certificadores Licenciados pertenecientes al sector público
podrán constituir Autoridades de Registro en organizaciones del sector privado o
entes públicos no estatales, previa autorización de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
A los fines del presente artículo, las Autoridades de Registro del sector
privado o de entes públicos no estatales, dependientes de certificadores licenciados del
sector público, deberán constituir una garantía mediante un seguro de caución a
fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa
vigente.
ARTÍCULO 34.- Obligados a constituir seguros de caución. Deberán constituir
un seguro de caución a fin de garantizar el cumplimiento de sus
obligaciones:
1. Los Certificadores Licenciados pertenecientes al sector privado,
2. Las Autoridades de Registro del sector privado que dependan de Certificadores Licenciados del sector público,
3. Las Autoridades de Registro de entes públicos no estatales que dependan
de Certificadores Licenciados del sector público.
ARTÍCULO 35.- Seguros de caución. Las pólizas de seguro de caución
deberán reunir los siguientes requisitos básicos:
1) Estar aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE HACIENDA.
2) Ser extendidas a favor de:
2.1 La JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS en los casos de
Certificadores Licenciados,
2.2 De la jurisdicción o entidad de la cual depende el Certificador
Licenciado público en el caso de Autoridades de Registro del sector privado o de entes
públicos no estatales.
3) Ser sustituidas, a solicitud del Ente Licenciante o del Certificador
Licenciado, cuando la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se
hubieren requerido.
4) Mantener la vigencia y actualización del seguro de caución mientras no
se extingan las obligaciones cuyo cumplimiento se pretende cubrir.
5) La garantía exigida deberá ser acreditada por la Autoridad de Registro
del sector
privado o de entes públicos no estatales ante el Certificador Licenciado
público correspondiente, como requisito previo al otorgamiento de la autorización
de la
SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS para operar como tal, en cualquier modalidad.
6) Los montos mínimos a integrarse en concepto de garantía o seguro de
caución, serán fijados por la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
CAPÍTULO V - DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE CONFIANZA
ARTÍCULO 36.- Servicios de Confianza. Se entiende por Servicio de Confianza
al servicio electrónico prestado por un tercero de confianza relativo a:
1. La conservación de archivos digitales.
2. La custodia de declaraciones de voluntad realizadas en formato
electrónico, contratos electrónicos, y toda otra transacción que las partes decidan
confiar a un tercero depositario.
3. La notificación fehaciente de documentos electrónicos.
4. El depósito de declaraciones de voluntad realizadas en formato
electrónico.
5. La operación de cadenas de bloques para la conservación de
documentos electrónicos, gestión de contratos inteligentes y otros servicios
digitales.
6. Los servicios de autenticación electrónica.
7. Los servicios de identificación digital.
8. Otras prestaciones que determine el Ente Licenciante.
ARTÍCULO 37.- Prestadores de Servicios de Confianza. Podrán brindar
servicios de confianza las personas humanas, jurídicas, consorcios, entes públicos,
entes públicos no estatales, de acuerdo a los procedimientos, estándares y
condiciones que determine la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
Abogacía Digital -
Información útil para el ejercicio contemporáneo de la Abogacía.
